El pasaod 14 de diciembre, el gobierno del estado aprobó el decreto-ley 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda, ampliamente criticado ya por organizaciones como el Sindicato de Inquilinos en Inquilnas, el Observatorio DESC o la PAH. Estas críticas, que compartimos plenamente, se centran en la insuficiencia de las modificaciones sobre alquiler, que hacen poco más que alargar la duración de los contratos de arrendamiento (de 3 a 5 o 7 años, en función de que la propiedad sea persona física o jurídica) y, sobre todo, en la renuncia a permitir a los ayuntamientos limitar los precios de alquiler, reivindicación ya generalizada entre muchas organizaciones y no pocos consostorios.

El mismo decreto-ley contiene también algunos apuntes sobre alquiler turístico. El principal es la modificación de la Ley 49/1960, del 21 de julio sobre propiedad horizontal, en el sentido de reducir de 3/5 la mayoría de la comunidad de propietarixs necesaria para condicionar o limitar el alquiler turístico, así como para incrementar hasta un 20% la participación en los gastos comunes de lxs propietarixs que realicen esta actividad. La mayoría necesria era de 4/5 en Cataluña y del 100% en la mayoría del estado.https://imatges.elpunt.net/imatges/52/49/alta/780_0008_5249696_8bb0de18ad54b495ed7df15cff8ef23a.jpg

Una medida que llega tarde y mal: se trata de dos cambios prácticamente inútiles . Por un lado, buena parte de nuestras comunidades ni siquiera cuentan con estatutos; incluso en caso de que los tengan, el trátmite de modificación es lento y costoso; además, esta opción deja completamente olvidadas a las inquilinas, que no tienen voz ni voto en la comunidad de propietarixs.

Esta reducción de la mayoría necesaria para limitar o condicionar el alquiler turístico llega, además, en un momento en que muchas personas tenemos ya pisos turísticos instalados en nuestras comunidades, y a menudo es la misma propiedad la que realiza la actividad, de manera que ya tenemos una resistencia clara a la limitación instalada dentro de la finca.

Pero, por encima de todo, una normativa de alquileres que modifica el alquiler turístico sin tener en cuenta su impacto en el parque y el mercado de vivienda, en definitiva en el derecho a la vivienda, es sencillamente una tomadura de pelo. Se ha preferido no entrar en posibles medidas como la retroactividad de estas decisiones de la comunidad, o que por defecto no se pueda realizar la actividad y que, en todo caso, haga falta una mayoría amplia a favor para permitirla.

El principal impacto del alquiler turístico no tiene que ver con problemas de convivencia y ruido (que existen y no debemos menospreciar), sino con el hecho de tratarse de otra modalidad de especulación con la vivienda, la turística, que la desposee de su función social y contribuye a reducir el parque de vivienda y a incrementar sus precios, funcionando como catalizador de la burbuja de alquileres en que nos encontramos.

Esta normativa perpetúa la línea laxa de las anteriores, en un momento de colapso ya en ciertas zonas, con el alquiler turístico en el debate público y con las problemáticas más que visibilizadas y denunciadas. La administración central se niega a entender y aceptar el problema, y el hecho de volver a legislarlo sin verdaderos avances asienta de hecho un marco aún más cómodo para el empresariado turístico, contribuyendo así a agravar los conflictos con el derecho a la vivienda y con la convivencia que genera la explotación turística de la vivienda.

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